Con suma urgencia ingresó ayer a la Cámara de Diputados el proyecto del Ejecutivo que busca reformar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), iniciativa que propone crear un mecanismo de ‘elección mutua’ para que los establecimientos más demandados puedan fijar criterios para seleccionar a sus alumnos. Además, para hoy está fijada la primera sesión de la comisión de Educación para revisar la propuesta.

Entre las modificaciones que se proponen se encuentra un nuevo criterio de priorización en el mecanismo de asignación aleatoria, cuando los cupos son menos que los interesados.

El texto establece que se considerará, entre otros factores, ‘no haber sido sancionado con expulsión o cancelación de matrícula por actos que afecten gravemente la convivencia escolar’. Con ello, jóvenes que hayan recibido ese tipo de sanciones podrían quedar en una posición menos favorable dentro del proceso de admisión.

La iniciativa también señala que los recintos que hayan tenido más postulantes que vacantes en el proceso anterior podrán implementar el mecanismo de elección mutua. Sin embargo, introduce una excepción relevante: los establecimientos de ‘especialización temprana’ o de ‘especial o alta exigencia académica’ podrán aplicar ese mecanismo sin cumplir el requisito de sobredemanda exigido al resto.

Así, los colegios podrán considerar variables como la adhesión al proyecto educativo, la asistencia previa, la participación en reuniones informativas, aptitudes acordes a especializaciones, la distancia entre la vivienda del estudiante y el establecimiento, la comuna de residencia o la procedencia desde un colegio del mismo sostenedor. Desde séptimo básico, además, podrán incorporar el desempeño académico.

El articulado señala que quienes no resulten preseleccionados podrán solicitar ‘un informe con los resultados de las pruebas rendidas, si correspondiere’, lo que sugiere que estos colegios podrían realizar evaluaciones.

Durante la presentación de la iniciativa, la ministra de Educación, María Paz Arzola, declaró que ‘tenemos un sistema de postulación que permite trazabilidad y transparencia, y eso es algo que nosotros reconocemos y que pensamos que vale la pena preservar. Pero hay dos grandes razones que nos motivan a introducirle modificaciones. Uno, queremos que la admisión escolar dependa menos del azar. Y dos, queremos que en su lugar la admisión dependa de más variables que les hagan sentido a las familias y a los colegios’.

‘Recuperación’ de liceos emblemáticos

Hernán Herrera, presidente de la Corporación de Colegios Particulares de Chile (Conacep), sostiene que ‘lo más importante de esto es que por fin se va a reconocer, en la medida en que se apruebe el proyecto de ley, la trayectoria educativa de los alumnos vía mérito, con un proceso que sigue siendo supervigilado por el Ministerio de Educación’.

Mientras, Pedro Díaz, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide), valora la iniciativa, pero tiene reparos a la pérdida de priorización a los alumnos sancionados. ‘Es cierto que se deben dar señales a quienes no cumplen las normas; no obstante, el ‘castigo por el castigo’ como primera herramienta formativa no lo compartimos. Se deben considerar elementos de contexto: familia, sociedad, salud mental, historia de vida del estudiante. La pregunta es ¿qué haremos con esos estudiantes?, ¿dárselos en bandeja a los narcos?, ¿seguir provocando brecha social?, ¿desescolarizar?’, cuestiona.

En tanto, María Paz Larraín, presidenta de Escuelas Abiertas, señala que ‘si el proyecto se aprueba, podremos dar un paso importante en la recuperación de nuestros liceos emblemáticos. Establecimientos que durante décadas fueron sinónimo de excelencia y movilidad social han perdido calidad y prestigio. El caso más evidente es el Instituto Nacional, que pasó del lugar 14 al 360 en la prueba de admisión universitaria. Por eso, es fundamental volver a poner el mérito y la excelencia en el centro del sistema’.

Colegios ‘donde vamos dejando a los olvidados’

Patricio Rodríguez, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE), de la U. de Chile, también critica la medida, pues dice que ‘el sistema actual entrega prioridades a exalumnos, siempre que no hayan sido expulsados del establecimiento al que postulan. Ahora se propone que todos los estudiantes que no hayan sido expulsados por faltas graves tengan prioridad por sobre los que lo hayan sido en cualquiera, no solo de donde provienen. En la práctica, eso condena a esa persona a ser admitida en establecimientos con muy poca demanda, es decir, crear una suerte de categoría de establecimientos donde vamos dejando a los olvidados’.

Mientras que Javier González, director de SUMMA y presidente del Consejo de la Agencia de Calidad de la Educación, asevera que parece ‘adecuado’ que no puedan postular al mismo colegio ‘donde generaron daños a la convivencia escolar. Su separación es necesaria en esos casos’.

Sin embargo, asegura que ‘no pareciera justo ni razonable que se penalice de manera permanente y desproporcionada a estos niños y jóvenes durante el resto de su trayectoria escolar. Estos estudiantes deben tener la posibilidad de redimirse y retomar su formación escolar, pudiendo postular con la misma prioridad que el resto de los estudiantes a las oportunidades educativas que ofrece el sistema. No parece justo ni deseable imprimirles un estigma que los excluya’.